El informe anual del Defensor incide en la problemática del Brexit y el techo de gastos para las administraciones que “impiden” una respuesta efectiva de la administración pública

En su informe ha destacado la reunión con el defensor del pueblo estatal en La Línea

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El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado este martes en el Parlamento un informe sobre la actividad en 2017 de la oficina, tras reunirse con el presidente del Parlamento, ha hecho hincapié en la “amenaza” que para la aplicación de dichos derechos supone en muchas ocasiones la falta de disponibilidad presupuestaria. Así, frente a la mediación de la Defensoría por este asunto, “reconocen que tienen razón pero no pueden hacer nada por la limitación de gasto”.

No entiende, añade, que comunidades con superávit tengan los “grilletes” de la limitación del gasto. Por ello, apela a la necesidad de un cambio en la orientación política y de una administración “cercana y ágil” que responda de manera satisfactoria a la ciudadanía.

El ‘Brexit’ y sus consecuencias para Andalucía

Maeztu ha recordado la postura oficial del organismo que dirige en el sentido de la “garantía de derechos” para los miles de trabajadores fronterizos y que acuden a diario a desempeñar su labor a Gibraltar, ya que el ‘Brexit’ traería aparejada una serie de consecuencias laborales sobre Seguridad Social, cotizaciones o derechos adquiridos.

Recalca, asimismo, la reunión programada con el negociador de la Unión Europea para este asunto, Michael Barnier, y la visita que, junto al Defensor del Pueblo estatal, Francisco Fernández Marugán, giro a La Línea de la Concepción, así como de la reunión mantenida con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis.

El Defensor destaca el incremento generalizado de los tiempos de respuesta asistencial y la paralización de las infraestructuras sanitarias, las quejas sobre educación especial y la climatización, la insuficiencia de plazas en residencias públicas y concertadas, el aumento de desahucios por impagos del alquiler y la falta de construcción de viviendas públicas, el adeudamiento del pago de ayudas previstas para los programas y ayudas para el fomento del empleo, el “colapso” de los órganos judiciales, la regulación de la emisión de música pregrabada como factor de contaminación acústica o la falta de apoyo de consumidores para la devolución del importe de las cláusulas suelo y de los gastos de formalización del préstamo hipotecario.

 

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