Un nueva médica se incorpora al servicio de tratamiento de adicciones

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La Diputación de Cádiz está siguiendo nuevas pautas para dar servicio a las 6.700 personas de la provincia que están bajo tratamiento de adicciones, ante la situación de emergencia sanitaria que ha supuesto la propagación del COVID-19. Los nuevos protocolos en la atención a estas personas pretenden minimizar riesgos de contagios y, a la vez, mantener la calidad asistencial de los usuarios. Este servicio además ha sido reforzado con la incorporación de dos médicas. Una de ellas en La Línea.

Como regla general se prioriza el contacto telefónico o telemático sobre lo presencial, y se han aplazado las revisiones in situ hasta el final del estado de alarma, con escasas consultas en persona, programadas por motivos inexcusables. También se ha intentado que coincidan el menor número de profesionales en los servicios mínimos, con un sistema de rotaciones y adaptación del horario de los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA). Por otro lado, en coordinación con el Servicio Andaluz de Salud, se han tomado medidas para que los pacientes en tratamiento con metadona pasen a pautas de recogida más espaciadas y evitar el riesgo que supone que accedan a los centros de salud.

Además, se ha procedido a contratar a dos nuevas médicas para los CTA, de la zona de La Janda y de La Línea, a pesar de las dificultades de encontrar profesionales sanitarios en las actuales circunstancias, gracias al trabajo coordinado de la delegación de Bienestar Social de la Diputación y el área de Función Pública.

 Actualmente siguen en servicio once CTA: en Cádiz, Jerez, Algeciras, La Línea, Sanlúcar, Barbate, San Fernando, Chiclana, Ubrique, Algodonales y Villamartín, que ofrecen asistencia a nivel comarcal. El personal sanitario de los centros que se han visto obligados a cerrar por encontrarse en instalaciones que no son de la Diputación, sigue prestando servicio. Desde el inicio de la crisis los CTA han funcionado sin incidencias gracias “al compromiso y la profesionalidad de las personas que realizan los servicios mínimos y la comprensión de la ciudadanía”, según ha explicado el diputado responsable de Bienestar Social, David de la Encina.