Sindicatos denuncian que 5 trabajadores han fallecido en sus puestos de trabajo en lo que va de año

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En el marco de la conmemoración del 28 de abril,  Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Comisiones Obreras y UGT en el Campo de Gibraltar han querido recordar a los trabajadores, y sus familias afectadas, que están detrás de las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales. Estas organizaciones sindicales han denunciado nuevamente “las precarias e injustas condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social” y realizan propuestas de cambio en la normativa y en las políticas para mejorar la salud y la seguridad de la clase trabajadora.

Según denuncian estos sindicatos, el pasado 2019 el Campo de Gibraltar registró un total de 3.265 accidentes laborales, en los que fallecieron dos trabajadores. En lo que va de año ya son cinco las personas fallecidas en los centros de trabajo de la comarca.

CCOO y UGT alertan sobre “la reducción de inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva.En la última década asistimos a un repunte de los accidentes de trabajo, al ocultamiento y subregistro de las enfermedades profesionales”.

Para estos sindicatos, “la debilidad del sistema preventivo ha sido patente por la configuración de la prevención como un negocio y no un derecho, la externalización de su gestión, con unas ratios inasumibles de empresas por cada uno de sus técnicos, hasta más de 200 en algunos casos”, aseguran en un comunicado.

Señalan que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto esta debilidad de la prevención de riesgos laborales. “La llegada de la pandemia de COVID-19 ha terminado por visibilizar las tremendas limitaciones de los servicios de prevención, fundamentalmente ajenos a través de las mutuas y también los propios, a la hora de hacer frente al reto de evaluar y establecer medidas preventivas para limitar las exposiciones al virus, convirtiendo en papel mojado las instrucciones de las autoridades sanitarias, solicitando incluso de manera irresponsable ERTEs para parte de sus plantillas, cuando deberían haber actuado en primera línea en los centros de trabajo y de la prevención en las empresas. También se ha echado en falta en este contexto una mayor presencia de las instituciones públicas en el ámbito laboral”, añaden.