Jupol denuncia que el CATE de Campamento no está habilitado para acoger migrantes con Covid

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El sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo los hechos ocurridos en el CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros) de Campamento, en San Roque, en el que se prolongó la detención de los migrantes llegados en patera este pasado fin de semana y entre los que más de una decena de ellos dieron positivo en Covid-19.

Esta prolongación de la detención de los migrantes en cuarenta por coronavirus generó, como ya advirtió días antes este sindicato, la fuga de tres de los migrantes que se encontraban en las instalaciones dependientes del Ministerio del Interior. Tal y como denunció Jupol, “esta prórroga en la detención puso en riesgo la integridad y la salud de los policías que se encontraban prestando servicio en las instalaciones, que advertían que durante los cinco días que duró la detención de los migrantes había ido incrementándose el estado de excitación de éstos”.

Jupol ha vuelto a recalcar en un comunicado que las instalaciones del CATE de Campamento no están habilitadas para realizar una cuarentena y “como su nombre indica es un centro temporal, cuyas infraestructuras no están preparadas para realizar una cuarentena, ya que no fueron diseñadas para ese cometido, inutilizándolas para la tramitación de otras pateras que es su única finalidad”, exponen en el sindicato.

En Jupol también exigen “máxima celeridad” en la realización de los test PCR, ya que “como informó la Jefatura de la Comisaría de Algeciras habían sido aprobados por la Dirección General de la Policía y que los policías que habían prestado servicio en el CATE se encuentran aún a la espera”, añaden.

Esta organización sindical también ha puesto es conocimiento del coordinador de la AGE en el Campo de Gibraltar, Francisco Gil Sánchez, “las irregularidades que se habían producido durante la gestión de estos migrantes, el cual habría mostrado su asombro ante la gestión y falta de coordinación por parte de la Junta”, aseguran.

La Junta rechaza las acusaciones de Jupol

La delegación territorial de Salud y Familias de la Junta en Cádiz ha rechazado “tajantemente” estas acusaciones sobre “falta de colaboración” en la atención a estos migrantes. En este sentido, en la delegación territorial han indicado, a través de un comunicado, que “en todo momento ha existido colaboración máxima con los responsables del Gobierno de España en la provincia”. Así, según han asegurado, responsables de la Junta en Cádiz se pusieron en contacto el mismo sábado con el subdelegado del Gobierno de España y con el secretario general de la subdelegación para que facilitasen los datos de filiación, tal y como establece el nuevo protocolo exigido por el Gobierno central.

Tal y como han detallado desde la administración autonómica, ante la falta de respuesta, la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, llamó al subdelegado el domingo por la noche, recordándole que no había obtenido respuesta al correo electrónico enviado el sábado, refiriéndose este de que había dado órdenes a la Policía para que los facilitase. Esta información llegó minutos después, comenzando con ello el cotejamiento de dichos datos.

En la Junta aseguran que “el trabajo de la delegación territorial de Salud y Familia y de todos sus trabajadores y sanitarios implicados ha sido máximo, ya que el mismo viernes, día de la llegada de la patera, se realizaron análisis PCR y pruebas serológicas hasta altas horas de la madrugada”. Asimismo, han afirmado que este trabajo continuó el lunes, cuando se solicitó al juez una ampliación de la medida cautelar que alcanzaba las 72 horas establecidas, otras 48 horas más, ante la necesidad de adaptar un alojamiento.

Este miércoles los migrantes afectados han sido trasladados al lugar que la Junta de Andalucía ha conseguido adaptar para cumplir con la normativa, además de haberlo hecho con los 12 menores, que quedaron en aislamiento por haber estado en contacto con casos positivos, a las pocas horas de su llegada. Por último, desde la Junta han resaltado que “los inmigrantes fugados estaban custodiados en el CATE por la Policía y que, por tanto, la Junta de Andalucía no tiene responsabilidad alguna de dicha fuga”.