Las 22 familias que okupan El Patio consiguen una moratoria del desahucio de un mes

4259
Ana Vanessa, portavoz de los vecinos, atiende a los medios después de la moratoria concedida.

Las 22 familias que okupan el edificio El Patio, en la calle Poeta Juan Ramón Jiménez de La Línea, han conseguido una moratoria de la orden de desahucio por parte de la autoridad judicial. En principio, y después de haber acreditado su situación de vulnerabilidad, el desahucio queda aplazado hasta el próximo 4 de marzo. La comitiva judicial ha visitado esta mañana a cada uno de estos vecinos bajo un fuerte dispositivo policial sin que se hayan producido altercados de ningún tipo. Solo una vivienda del bloque tres ha quedado tapiada después de no localizar a nadie en su interior.

A las 10.30 horas llegaban los furgones policiales, numerosos agentes de la Policía Nacional se desplegaban en los alrededores y establecían un cordón de seguridad. Algunos vecinos sacaban antes sus pertenencias. Las autoridades judiciales, acompañadas por un grupo de agentes y también una empresa de cerrajeros, entraban en el interior de los tres bloques okupados de El Patio y llamaban puerta por puerta. Veintidós familias se enfrentaban este jueves a la ejecución de una orden de desahucio de este edificio propiedad del banco BBVA. Un proceso judicial que se viene gestando desde hace tiempo. El año pasado ya impidieron otro desahucio. “No queremos quedarnos con algo que no es nuestro, pero solo pedimos una solución intermedia, una alternativa, no nos pueden dejar en la calle en plena pandemia”, reclama Ana Vanessa, portavoz de estos vecinos afectados, y que desde hace más de ocho años vive en este edificio de viviendas que permanecían vacías. Solo existen tres inquilinos en propiedad que conviven sin problemas con el resto.

Este grupo de vecinos que ha ido okupando estas viviendas vacías (hasta tres bloques) presentan distintas problemáticas y una situación de vulnerabilidad que, después de acreditarla ante la autoridad judicial, han obtenido la deseada moratoria. “Yo también soy padre de familia”, asegura que le ha respondido el secretario judicial a Vanessa mientras ella y su hija le daban las gracias por este nuevo plazo de un mes. Vanessa vive con sus tres hijas adolescentes, una de ellas tiene una minusvalía psíquica y, en estos momentos además, está pasando, asilada en casa, síntomas del coronavirus. Entre el resto de vecinos hay familias con niños, discapacitados y ancianos enfermos, entre ellos un matrimonio de más de 70 años, padeciendo uno de ellos Alzheimer. A todo esto, las condiciones del edificio El Patio tampoco son las mejores, con humedades y techos sin acabar.

Ahora Vanessa, como el resto de sus vecinos, con los que asegura que ha formado una familia, ganan algo más de tiempo, apenas un mes y medio, durante el que quieren mover sus casos, volver a llamar a todas las autoridades posibles (locales, provinciales, autonómicas) y optar a algún tipo de recurso social. Han tratado de negociar un alquiler social con el banco, que les ha sido denegado, y piden al Ayuntamiento y otras administraciones la oportunidad de acceder a una vivienda digna con las mínimas garantías. Vanessa denuncia que lleva diez años reclamando algún tipo de estas ayudas, después de perder su casa de VPO. “Me la quitaron para dársela al familiar de un político”, sostiene.