Gibraltareños con doble residencia se quejan de que se les incauten coches y motos en España

El Gobierno de Gibraltar aclara que se trata de un problema de normativa "fiscal", no relacionado con el Brexit, y derivado del estatus de residencia en España de los afectados

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Salida de motos en la frontera de Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar afirma en un comunicado haber recibido quejas de varios propietarios de coches y motocicletas matriculados en el Peñón a los que se les han incautado estos vehículos en España. Según ha informado el Ejecutivo de Fabian Picardo, varios casos han sido ya “analizados cuidadosamente” y puestos en conocimiento de las autoridades españolas. Tras ese proceso, que ya ha concluido, el Gobierno gibraltareño ha emitido una serie de “consejos” para que sean tenidos en cuenta en el futuro.

Según aclara en primer lugar el Gobierno gibraltareño, la situación que se ha producido no está relacionada con la salida de Gibraltar de la Unión Europea. “Se trata de un procedimiento aduanero en virtud de las normas de la Unión Europea relativas a la importación del vehículo y a la situación de residencia del propietario. En resumen, cualquier persona que resida oficialmente en España no puede poseer un vehículo matriculado en Gibraltar, y cualquier persona que resida en Gibraltar no puede poseer un vehículo matriculado en España. Hay un breve periodo de transición tras la compra en el que hay que regularizar la matriculación del vehículo o el estatus de residencia del propietario”, aclara el escrito, en el que se añade que “no hace falta decir que no es posible ser oficialmente residente en España y en Gibraltar al mismo tiempo. Esto nunca ha sido posible”. 

El Gobierno continúa explicando en dicho comunicado que “el propósito de estas normas es fiscal” y está relacionado con el pago de los aranceles de importación y el IVA sobre el vehículo por parte de una persona a la que se considera residente principalmente en España. “Es importante tener en cuenta que las cámaras del Reconocimiento Automático de Matrículas (ANPR, por sus siglas en inglés) están instaladas tanto en el lado gibraltareño como en el español de la frontera, y que esto proporciona datos sobre la frecuencia con la que un vehículo cruza de un lado a otro”. 

Los afectados, personas con casa tanto en Gibraltar como en España

Por lo tanto, “el problema actual se deriva del estatus de residencia en España de los afectados y no de su estatus de residencia en Gibraltar”. “Los afectados son personas con casa tanto en Gibraltar como en España. Esto significa que no se considera relevante que el afectado pueda presentar un documento de identidad gibraltareño, facturas de servicios públicos u otra prueba de residencia en Gibraltar si al mismo tiempo se le considera residente en España por el sistema español. En cualquier caso, el documento de identidad de Gibraltar no se reconoce como una prueba definitiva o concluyente a efectos fiscales, y se trata, en este caso, de una cuestión fiscal”, continúa aclarando el Gobierno. 

Según continúa detallando el escrito, los afectados tienen que asegurarse de que tienen documentados tanto la residencia en Gibraltar como el abandono de la residencia en el Estado miembro de la UE correspondiente, en este caso España, y que dicha residencia esté establecida exclusivamente en Gibraltar. “De hecho, estas son las normas en todas las situaciones equiparables y no sólo entre Gibraltar y España. Significa que cualquier persona que no haya trasladado legalmente su residencia, seguirá figurando como residente en España aunque ya no viva allí. La residencia en un país no refuta automáticamente la residencia en otro. Por ejemplo, en la mayoría de los casos la residencia fiscal se establece después de haber residido allí durante 180 días, cuando hay 365 días en un año normal”. 

El documento de identidad de Gibraltar ya es documento de viaje válido

Desde el número 6 de Convent Place se considera “evidente” que, en estas circunstancias, los afectados deben familiarizarse con los requisitos legales en España. “La mejor manera de hacerlo es contratar los servicios de un abogado o de un asesor fiscal que pueda asegurarse de que cumplen con todas las normas españolas, así como con las normas de Gibraltar en materia de residencia. No basta con cumplir las normas de un país, pero no las del otro. Esto es igual entre todos los países y no sólo entre Gibraltar y España. El nuevo Tratado Fiscal, que aún no ha entrado en vigor, ayudará en estas situaciones al establecer un criterio definido y acordado para la resolución de estos conflictos de residencia fiscal”, aclara.

Por último, el Gobierno gibraltareño considera importante recordar, en este contexto, que “el documento de identidad de Gibraltar ya no está reconocido por la Unión Europea como documento de viaje válido. Esta es una de las cuestiones que estamos tratando de solventar en las negociaciones en curso con la UE”.